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“Este año difícilmente los hospitales podrán garantizar la prestación del servicio. No hay insumos, no hay medicamentos, no hay elementos quirúrgicos para atender a los pacientes. Por eso, deben ser remitidos de un sitio a otro y así terminan en un paseo de la muerte”.

La profunda crisis que vive el sector salud desde hace varios años tiende a agudizarse, mientras el Gobierno sigue negando lo evidente. Yesid Camacho, presidente de Anthoc Nacional, analiza el complejo panorama donde el negocio sigue prevaleciendo con ayuda de la corrupción.

Esto se evidencia con la liquidación de las EPS más grandes del país, y las que las reemplazan no responden por sus millonarias deudas. Las acreencias con los hospitales públicos superan los 7.5 billones de pesos, que están arrastrando a estas instituciones a la quiebra. El caso más sonado el de la IPS Massalud, que reemplazó a Cafesalud, y ni siquiera está garantizando la prestación de los servicios a los más de 5 millones de afiliados que recibió.

“La población está más desamparada que cuando estaba Cafesalud y lo que se han denunciado son unos actos de corrupción aterradores”. Camacho hace referencia a un audio filtrado del jefe de los médicos de la red de primer nivel de atención de baja complejidad, donde les prohíbe ordenar medicamentos, exámenes de laboratorio, como endoscopias, radiografías, resonancias magnéticas, los limita solamente a recetar determinados medicamentos, restringiendo los tratamientos de los pacientes para evitar la supuesta futura quiebra de la EPS.

“Aquí los pájaros le tiran a las escopetas. Lo fundamental no es el derecho a la salud de la población, sino para ellos lo fundamental es la sostenibilidad en el mercado de la EPS que ha salido como resultado de la liquidación de Cafesalud”, afirma Camacho.

Lo peor del asunto es que el Estado se muestra sin reparos del lado de las EPS. Por ejemplo, el Gobierno se había comprometido a responder por parte de la deuda de Caprecom, mediante la adición presupuestal de 900 mil millones que recientemente se aprobó en el Congreso se destinarían 500 mil millones de pesos para cancelar una tercera parte. Sin embargo, hecha la distribución no se dejó un solo peso para saldar esa mora.

Por esta falta de recursos hasta las agendas para cirugías, incluidas las de los niños con cáncer, quedan como mínimo para cuatro meses. Cuando a muchos pacientes graves se les asigna la cita, ya no es posible atender al paciente porque está muerto.

“Nos aprestamos a que en los próximos meses tendrá que cerrarse más de un hospital en el país. Las deudas laborales con los trabajadores son aterradoras. En promedio a los trabajadores de planta se les adeudan entre tres y cuatro meses; y a los trabajadores de contrato, entre seis y siete meses; incluso, los médicos en algunos hospitales están renunciando porque no hay quién les pague”, precisa el presidente de Anthoc nacional.

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