La hoy congresista Claudia López se inventó y promovió una consulta popular anticorrupción. Esta ya pasó el filtro de la Registraduría. Pero a pesar del apoyo masivo no va para ninguna parte, es un Caballo de Troya para la campaña de López como candidata presidencial.

Al final, la consulta recogió 4’236.681 firmas. La iniciativa propone “7 medidas indispensables para prevenir y castigar duramente a los políticos y contratistas corruptos en todo el país”. Entre sus postulaciones incluye desde reducir el salario de los congresistas hasta cárcel para los corruptos.

La propuesta ha sido duramente criticada. Básicamente por dos razones. Primera, por su carácter populista, pues una simple consulta que costará millones al Estado no puede cambiar la Constitución. Eso lo debe saber el equipo de López.

Juan José Santacruz, integrante de un proceso social, director de una veeduría ciudadana y promotor y vocero del referendo Congreso 2017, que tenía como objetivo disminuir los salarios de los congresistas y limitar su reelección inmediata, conoce bastante de los mecanismos de participación ciudadana.

Él analizó la postura de la ya candidata presidencial. “Existen solamente únicamente tres formas de modificación de artículos constitucionales, y la consulta popular no hace parte de ese listado. No podrá modificar la Constitución en, por lo menos, dos o tres artículos que los estudios consideran necesitan ser modificados para darle cumplimiento a los siete ítems que ella ha propuesto en la consulta”.

Para Santacruz, lo más viable es hacer un referendo constitucional aprobatorio, que “fue lo que promovimos hace 10 meses y modificar los artículos constitucionales pertinentes. Esto lo ratifica la Constitución, la sentencia C 150 de 2015 y en la Ley de Participación Ciudadana, también del 2015”.

Un camino supremamente difícil porque el censo electoral está en unos 35 millones de votantes habilitados, con lo cual se requerirían alrededor de 1’800.000 firmas para acudir a los organismos pertinentes. Y en la votación, unos 5’000.000 de personas debían dar su aprobación a estas propuestas.

Entonces, la segunda crítica a la iniciativa de López es que, al final y aunque gane, no tiene un sentido obligatorio para nadie. De hecho, ya existen esas leyes que ella dice deben promulgarse, pero el Estado no las hace cumplir. Es decir, López armó una consulta, recogió un montón de firmas y extendió una gran campaña publicitaria como estrategia para su aspiración personal.

El primer resultado fue la victoria de la semana pasada. El vocero social anota, “la propuesta se da de cara y con miras a las elecciones presidenciales. Vemos cómo se ratificó cuando el Partido Alianza Verde la escogió como una candidata presidencial por encima de Antonio Navarro”.

La realidad es que la corrupción está tan enquistada en el Estado que se necesita algo más que una consulta popular para atacarla. Lo triste es que hay millones de colombianos convencidos de un efecto de este resultado que nunca sucederá.

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