Desde hace muchos años, pero con énfasis después del 1990, hemos estado en las calles reclamando por condiciones dignas para los trabajadores que, al no tener ningún bien o servicio negociable, venden su fuerza de trabajo como única alternativa de supervivencia. La reforma laboral que exigimos está “destinada a superar la pobreza y reducir la desigualdad, incluyendo las disparidades que existen entre hombres y mujeres.” (https://www.ilo.org/global/topics/wages/minimum- wages/definition/lang–es/index.htm), Es una reforma “Para un trabajo digno y decente en Colombia” (https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Gobierno- del-Cambio-radico-este-jueves-el-proyecto-de-ley-de-la-Reforma-Laboral- 230825.aspx), “se enfoca en el respeto de los derechos laborales, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la protección de los trabajadores” (ibid.) , y se ampara en la dignificación del empleado y la eliminación de las prácticas de neoesclavización.

Desde la entrada en vigencia de la ley 100 se ha mostrado y padecido lo nefasto del servicio de salud en Colombia, nunca antes (sólo ahora que los poderes de la comunicación masiva están en campaña de desprestigio) las EPS habían sido mostradas como buenas y garantes de la prestación del servicio salud, los asalariados y los desempleados conocemos a las EPS, sabemos que retrasan las consultas, los tratamientos, las órdenes, los medicamentos, sabemos también que el sistema es experto en dejar morir a los usuarios en las puertas de los hospitales y en las afueras de las salas de urgencia. Es evidente que se requiere una reforma a la salud.

Hace 67 años (26/09/1966) el magisterio colombiano protagonizó uno de los hitos socioeconómicos más importantes de la historia del país, la conocida Marcha del Hambre (https://trochandosinfronteras.info/marcha-del-hambre/). Desde mucho antes, los educadores hemos defendido, aún a riesgo de nuestra propia vida, a la educación pública como derecho y la dignificación de la profesión docente y de quienes la ejercemos. Ahora, como hace casi 7 décadas, tenemos que defender la educación pública de las manos de los privatizadores que se apoderaron de la salud, las comunicaciones, el transporte, los servicios públicos y de casi toda la nación. Tenemos la obligación moral de respaldar la Ley estatutaria de la educación, así como en 1994 se respaldó la 0115, por una educación como derecho fundamental.

Colombia es un país rural, agrícola, de gran riqueza hídrica y tierra fértil, pero las economías extractivistas y de carbonización, ven en la producción de alimentos un retraso en el progreso, dado a que el concepto de progreso se ampara en la acumulación de capital y no en la protección de la vida. A diferencia de los grandes poderes económicos y quienes los representan en Colombia, que desaprueban al campesino y al agro, los asalariados y los habitantes del país rural, dignificamos al campo, al campesino y vemos en la seguridad y la soberanía alimentaria un futuro prometedor para la vida, no sólo nuestra, si no de la humanidad entera. Los mismos que se avergüenzan de la ruralidad y actividad agrícola son los que acaparan la tierra fértil y productiva, según el BM, una de las entidades emblemáticas del capitalismo, Colombia es de los países con mayor desigualdad en la tenencia de tierras donde unos pocos tienen la mayor cantidad. Para expresar la desigualdad, se usa el índice o coeficiente de Gini, este se se expresa en valores entre 0 y 1, siendo 0 lo correspondiente a distribución igualitaria y 1 a distribución desigual. Ahora, según un artículo de Razón Pública, “el Gini nacional es igual a 0,4609” (https://acortar.link/vjS93W) lo que indica que la distribución en Colombia es altamente desigual. Por eso, urge una reforma agraria que dignifique al campesinado y redistribuya la tenencia de tierras.

Juan David González Molina, Delegado Andes ante ADIDA Tutor PTA IE Santa Rita, Andes. Integrante de NME.