La violencia y las amenazas que afectan a integrantes de las comunidades educativas vuelven a encender las alarmas en Medellín. Esta vez, la denuncia proviene de la Institución Educativa Aures, en la comuna 7, Robledo, donde varios docentes y directivos aseguran haber sido objeto de persecuciones y amenazas. Una de las maestras afectadas, después de 14 años trabajando en el plantel, tuvo que acogerse al Comité de Amenazados y abandonar temporalmente su lugar de trabajo.

Lo que comenzó, según las docentes, con inconformidades y reclamos de una familia frente a situaciones relacionadas con uno de los estudiantes, terminó escalando hasta convertirse en una situación que hoy mantiene bajo preocupación a varios integrantes de la institución.

La denuncia señala que una rectora, un coordinador, dos docentes y dos psicólogas han sido víctimas de hostigamientos. La situación alcanzó uno de sus puntos más graves cuando el vehículo de una de las maestras fue destruido.

“Hasta hace dos días laboré en la Institución Educativa Aures. Digo laboré porque me tocó acogerme al Comité de Amenazados, ya que esta familia desde hace un mes está hostigando, persiguiendo y atacando la integridad del cuerpo docente de la institución”, explica la docente Angélica Gracia

Angélica Gracia llevaba 14 años trabajando en Aures. Dice que nunca contempló abandonar la institución, pero que el daño ocasionado a su vehículo fue interpretado como una señal de riesgo que la llevó a solicitar protección.

Ahora enfrenta la incertidumbre de un eventual traslado, lejos de su entorno laboral y familiar, mientras intenta sobreponerse al impacto emocional de una situación que, asegura, nunca provocó.

“Entonces mire cómo se le derrumba a uno en un segundo la vida cuando yo no tenía planeado irme. Yo nunca pensé en irme, pero con una situación de amenaza de esas le toca a uno salir”, cuenta la docente Gracia.

La maestra cuestiona que quienes trabajan diariamente por la convivencia, el diálogo y la formación de niños y jóvenes terminen enfrentando situaciones de intimidación precisamente dentro del entorno en el que desarrollan su labor.

Y advierte que no se puede generalizar sobre toda la comunidad educativa, pero sí reclama medidas frente a comportamientos que, según su denuncia, han terminado afectando la tranquilidad y la seguridad del personal de la institución.

“Es una cosa la que uno le enseña a los niños y son otras las acciones que ellos emprenden. Entonces, afectada emocionalmente, afectada psicológicamente, en la incertidumbre de no saber para dónde me van a mandar”, añade.

Otra de las docentes afectadas asegura que las solicitudes de intervención y protección fueron presentadas formalmente ante la Secretaría de Educación del Distrito y reclama una respuesta frente a los hechos denunciados.

“Exigimos a la Secretaría de Educación para que, por favor, cumplan las peticiones que se hicieron por escrito en días pasados ante ataques sufridos por una familia. Nuevamente hemos sido víctimas de esta familia en daños ocasionados a un vehículo de una profesora, la cual tuvo que ser trasladada por su seguridad”.

Desde la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA, se hace un llamado al respeto por los derechos humanos y a la protección de maestros, directivos docentes, orientadores y demás trabajadores de las instituciones educativas.

Ninguna inconformidad puede convertirse en una justificación para amenazar, perseguir o intimidar a quienes trabajan en la escuela pública.

El caso de la Institución Educativa Aures vuelve a poner sobre la mesa una preocupación que trasciende las aulas: la necesidad de garantizar que las diferencias entre las familias y las instituciones educativas puedan resolverse mediante el diálogo y los canales establecidos, sin que las amenazas o la violencia terminen expulsando a los maestros de sus lugares de trabajo.

Mientras se esperan respuestas de las autoridades educativas, los docentes afectados reclaman protección, acompañamiento y garantías para continuar ejerciendo su labor sin miedo.