La sobre oferta histórica con un inventario de 534 mil 940 toneladas de arroz blanco, tiene en crisis al sector, con la caída de los precios y afectando la economía de los productores, quienes no alcanzan a cubrir sus costos. Pues esta cifra, representa un 67,8% por encima del promedio de la última década.
Además, la alta concentración del sector molinero, controlada en un 40% por cinco empresas es el otro tema que agrava la crisis, donde solo un 4% ha sido la disminución en el precio del arroz blanco; a esto también se suma el contrabando de este producto básico que llega desde el Ecuador, sin importar que la importación en el 2025 haya disminuido en un 76%.
En su cuenta en la red social X, la senadora de la Unión Patriótica, Aída Avella, expresó lo siguiente: “Señores dueños de los grandes molinos de arroz ¿es cierto que están pagando un 25% menos? En algunos almacenes la rebaja es del 4%.
¿Quién se queda con la ganancia?
¡Paguen lo justo a nuestros productores!”.
Las situaciones que vive el sector han dejado claro que debe haber un trabajo concertado y además, de las garantías que el Gobierno ofrece a los productores, en la resolución también se propone que todo agente económico que comercialice arroz blanco en el país, mayorista o minorista, debe informar de manera clara, visible y verificable el país de origen en sus empaques, en los puntos de venta físicos y en las plataformas digitales transaccionales.
Ante la grave situación que atraviesan los departamentos productores de Tolima, Huila, Meta y Casanare, donde las protestas se agitan y los agricultores exigen que se tomen medidas urgentes ante los incumplimientos de acuerdos previos y el ahogamiento que viene ocasionando los bajos precios, el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Agricultura ha respondido con iniciativas en recursos económicos por 22 mil millones de pesos en apoyos directos a pequeños y medianos productores.
También implementó un precio mínimo para el arroz paddy verde, con incrementos de hasta 150.800 pesos por tonelada en los Llanos. Pues el Gobierno considera necesario establecer de manera temporal un sistema de corrección de precios del arroz para garantizar condiciones de competencia que permitan proteger al pequeño productor del cereal, permitiendo que el arroz paddy verde haga parte del régimen de libertad regulada de precios. Esta medida extraordinaria tomada por el ejecutivo, se fundamenta en la caída real del precio del paddy verde con relación a los costos de producción, como altos arrendamientos de predios para las plantaciones, insumos, logística y agua. El monto que se paga al productor tuvo una caída de 11.8% durante 2024 y se mantuvo en esa línea en el primer semestre de 2025.
Además, se lanzó el FAI Arroz, un fondo de 7.000 millones de pesos para subsidiar insumos, y se activaron instrumentos financieros por 43.000 millones dirigidos a comercialización y gestión de riesgos.
El presidente Gustavo Petro, afirmó en su cuenta en la red social X que, “no es subsidiar a los grandes molineros y a los grandes terratenientes que están haciendo subir los costos de la producción y es así como se quiebran los arroceros empezando por los más pequeños… están llevando al movimiento arrocero a apoyar los terratenientes, eso es un suicidio. Lo que hace subir los costos del arroz es la renta de la tierra” y seguidamente añadió el mandatario que “Colombia debe ser un exportador de arroz, porque el papel de Colombia es alimentar el mundo, después de alimentar su población y los pequeños y medianos arroceros pueden recibir el apoyo del Estado, pero no los grandes”.
El propósito del Gobierno es claro y por eso pretende que la reducción de los inventarios, se dé con el proyecto de promover la maquila de 200.000 toneladas de arroz en molinos de pequeños y medianos productores, junto con compras públicas locales, procesos que están justificados en la Ley 2046.
De igual forma, está impulsando un proyecto piloto de rotación de cultivos con soya en 150 parcelas de Tolima, Huila y Meta, con una inversión de 1.800 millones de pesos. Estas medidas buscan aliviar la presión inmediata y diversificar la producción. A nivel diplomático, se han solicitado salvaguardias comerciales y se trabaja en una marca colectiva, 100% arroz colombiano, para fortalecer la competitividad.
Pese a las acciones anunciadas, el gobierno también plantea un acuerdo nacional arrocero que permita articular soluciones estructurales, y que la coordinación con gremios y productores, sea efectiva.
Sin embargo, los productores afectados, encuentran en las movilizaciones un espacio para seguir exponiendo sus necesidades, con las cuales buscan la atención de las instituciones y así evitar el colapso de este sector productivo de la economía.
(Fotos tomadas del Ministerio de Agricultura)
